Revisión obligatoria de la caldera de gas en Madrid

Con una caldera de gas en casa hay dos obligaciones distintas que se suelen confundir. Una es el mantenimiento de la caldera, que exige el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE): en una vivienda con caldera mural de gas de hasta 70 kW toca como mínimo cada 2 años y la hace una empresa mantenedora habilitada. La otra es la inspección periódica de la instalación de gas, que exige el reglamento de combustibles gaseosos: es cada 5 años, la distribuidora te avisa por escrito y puedes elegir que la haga ella o una empresa instaladora de gas habilitada.

Una no sustituye a la otra. Abajo tienes qué dice cada norma, qué se revisa, cómo comprobar que una empresa está habilitada en la Comunidad de Madrid, qué pasa si no se hace, quién paga en un alquiler y qué cambia con calefacción central. Todo contrastado con el BOE, el BOCM y la web de la Comunidad de Madrid.

El Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (texto consolidado de septiembre de 2025), establece en su ITC-ICG 07, apartado 4.1, que cada cinco años, dentro del año natural en que vence el plazo, las empresas instaladoras de gas habilitadas o los distribuidores deben inspeccionar la instalación receptora, repercutiendo el coste al usuario. Si la hace la distribuidora, no puede superar los costes regulados. El artículo 7.2 reconoce al titular o usuario la facultad de «elegir libremente» la empresa.

En una vivienda de hasta 70 kW se revisa desde la llave de usuario hasta los aparatos, incluidos. Básicamente: que no haya fugas, el estado de conservación, la combustión de los aparatos, la ventilación y el volumen del local, los detectores de gas si sustituyen a la ventilación y la evacuación de humos. Con bombonas o depósito de GLP se llama «revisión periódica», también cada cinco años, pero la encargas tú a una instaladora (apartado 4.2).

Cómo funciona en Madrid

El Decreto 18/2019, de 2 de abril, de la Comunidad de Madrid (BOCM de 8 de abril de 2019) concreta el procedimiento:

1. La distribuidora te comunica la obligación con al menos tres meses de antelación y te ofrece hacerla ella o con una instaladora que elijas.
2. Si eliges instaladora, el certificado debe llegar antes de la fecha límite de la carta, que no puede ser inferior a 45 días naturales desde el envío.
3. Si no llega, la distribuidora te avisa con al menos 5 días hábiles del día y de una franja de tres horas como máximo. En bloques, además, con un cartel en el portal.
4. Al terminar recibes un certificado favorable o un informe de anomalías.

Plazos de corrección del artículo 7.2 del decreto: las anomalías principales, incluidas todas las fugas, de inmediato, y si hay que cortar el gas, quince días hábiles como máximo; las secundarias por falta de estanquidad, quince días hábiles; el resto, seis meses. La reparación no puede hacerla quien inspeccionó, según la ITC-ICG 07.

La Comunidad de Madrid advierte en una nota de consumo de 2017 que «los fraudes más comunes se producen en las revisiones de las instalaciones de gas a las que acuden falsos inspectores». Recuerda que la compañía debe avisar individualmente con tres meses de antelación, que no hay que pagar nada en efectivo al inspector y que el importe va en la siguiente factura del gas.

Desconfía si llaman sin carta previa ni aviso con fecha, si te piden pagar en mano, si dicen que te cortan el gas hoy mismo (el corte exige varios avisos y publicación oficial) o si quieren venderte en el acto un detector o una pieza «obligatoria». Ante la duda, no abras y llama al teléfono de la distribuidora que figura en tu factura.

La Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos no menciona la caldera ni las revisiones de gas. Lo que dice el artículo 21:

• 21.1: el arrendador hace, sin subir la renta, las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo daños imputables al inquilino.
• 21.4: «Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario».

El artículo 20 permite pasar al inquilino los gastos generales del inmueble solo si se pacta por escrito con su importe anual, y le atribuye los servicios con contador individual. No habla de mantenimientos ni inspecciones.

En resumen, no hay una regla expresa. Primero manda el contrato. La inspección del gas se factura al usuario, que el Decreto 18/2019 define como titular del contrato de suministro o, en su defecto, de la instalación, pero eso no decide quién la soporta finalmente entre casero e inquilino. Una avería seria encaja en el 21.1 y un desgaste menor en el 21.4; la frontera, si hay conflicto, la fija un juez. Además, la LAU se ha tocado por decreto-ley en septiembre y octubre de 2026, uno ya derogado por el Congreso: consulta la redacción vigente en el BOE cuando lo necesites.